Por dos caminos distintos y en instancias y expedientes diferentes, la justicia colombiana ha vuelto a ordenar que se investigue la conducta criminal de Álvaro Uribe Vélez como virtual responsable de crímenes de lesa humanidad, cometidos antes de que fuera presidente, por lo cual carece de fuero legal alguno.
En la más reciente decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ordenó por unanimidad que la justicia penal indague al ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por su participación en dos masacres (El Aro y La Granja, en Ituango (Antioquia) en las que fueron asesinadas veinte personas en 1996 y 1997 y desterradas más de mil, así como por el asesinato del defensor de Derechos Humanos conservador Jesús María Valle.
El penalista Carlos Toro López, declaró que Uribe y los demás implicados en estos hechos deben ser capturados de manera inmediata en virtud del acervo probatorio existente y la autoridad de los tribunales que lo señalan. Anotó que la Fiscalía General no tiene necesidad de obtener permiso de un juez de control de garantías para capturarlo debido a que este caso se rige por el código penal conocido como ley 600, pues es el que regía cuando sucedieron los crímenes. Observó que la captura de Uribe debe ser más inminente si es cierto, como él lo afirma, que ya no era gobernador de Antioquia sino un simple particular cuando fue asesinado el abogado Defensor de Derechos Humanos Jesé María Valle.
“Uribe ya debería estar preso”, reiteró Toro López, quien conoce al detalle los expedientes.
La primera orden de investigación a Uribe por estos hechos –sistemáticamente incumplida– fue impartida en febrero de 2015 por la magistrada María Consuelo Rincón en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Ahora, la segunda investigación a Uribe fue pedida de manera imperiosa y unánime por la Sala Penal del mismo Tribunal, compuesta por los magistrados Óscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón y Ricardo de la Pava Marulanda.
La disposición está dentro de la sentencia por medio de la cual es ratificada en segunda instancia la condena contra de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por el homicidio del abogado Jesús María Valle.
Los magistrados expusieron que la sala de decisión, so pena de “ser responsable de una omisión de denuncia” y teniendo en cuenta que existen “suficientes elementos de juicio” sobre la virtual responsabilidad de Uribe y otros aún no vinculados por la Fiscalía en las investigaciones por las masacre de La Granja y El Aro, ordenó compulsar copias para que sean investigados, los siguientes:
– El entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
– El entonces comandante de la IV Brigada, Carlos Alberto Ospina.
– El entonces comandante del batallón Girardot, coronel Germán Morantes Hernández, así como el mayor Emiro Barrios; la oficial Aurora Bonilla; los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el comandante de la Policía de Ituango, agente Carlos Emilio Gañan Sánchez.
La nueva decisión judicial, producto de una investigación de dos décadas (de 1997 a 2017), concluyó que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad y la Gobernación de Antioquia”, junto con ganaderos, comerciantes, industriales y otras personas que fueron víctimas de las guerrillas, “se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.
Las dos masacres ocurrieron con una diferencia de quince meses y son producto de las nacientes relaciones entre el Estado y los escuadrones de la muerte del paramilitarismo, la mayor parte de los cuales fueron promovidos y aprobados legalmente por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Las masacre de La Granja, fue cometida el 15 de julio de 1996 y en ella fueron asesinadas cinco personas. La de El Aro tuvo lugar el 22 de octubre de 1997 y en ella fueron sacrificadas 15 personas en estado de inferioridad e indefensión. Ambas fueron denunciadas en forma pública por el ya mencionado abogado José María Valle Jaramillo, lo cual lo puso en la mira de los grupos paramilitares y de los grupos armados del estado. Esas denuncias lo pusieron en la mira de los paramilitares y de las propias fuerzas del gobierno.
La primera sentencia que ordenó investigar a Uribe por estos hechos, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 24 de septiembre de 2015, dispuso que con respecto a la masacre de El Aro él debe ser vinculado a una causa penal dado que, siendo gobernador, no hizo nada para evitarla. “Ninguna ayuda les prestó a los pobladores (…) a pesar de que [la masacre] duró 10 días (…) las primeras informaciones (…) se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, a la base militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba bajo el mando del Coronel Germán Morantes”, determinó la decisión judicial por medio de la cual fueron condenados los comandantes del escuadrón de la muerte conocido como Bloque Cacique Nutibara. Este coronel también ha sido llamado a ser testigo contra de Santiago Uribe Vélez, el hermano de Álvaro Uribe Vélez que está siendo juzgado en audiencia pública como responsable de crímenes cometidos por la organización criminal “Los doce apóstoles” que él, de acuerdo con la acusación, comandaba.
El verdadero poder en la preparación y ejecución de las masacres ordenadas por Álvaro Uribe Vélez habría sido Pedro Juan Moreno Villa, su Secretario de Gobierno en la Gobernación de Antioquia. “En la Secretaría de Gobierno (…) se creó una oficina para asesorar a las comunidades y otorgar la personería jurídica” a las “convivir” o escuadrones de la muerte.
En cuanto al homicidio del abogado y activista Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998, por hombres de la banda criminal de La Terraza, grupo de sicarios del barrio Aranjuez, en Medellín –los mismos que asesinaron al periodista Jaime Garzón– fueron procesados y condenados en dos instancias los ganaderos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, éste último conocido como “Pacho el narcotraficante”. Ambos participaron en la reunión en la que, de acuerdo con el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, se verificó en la hacienda La 53, en el corregimiento El Volador, municipio de Tierralta, Córdoba.
A aquella reunión asistió Pedro Juan Moreno Villa (delegado por Álvaro Uribe), quien le pidió a Carlos Castaño asesinar al defensor Valle Jaramillo, versión que fue confirmada y ampliada por el narcotraficante y paramilitar Salvatore Mancuso, en los siguientes términos: “Los hermanos Angulo solicitaron una reunión para propiciar la presencia de las AUC en Ituango, ello lo dirigió y lo coordinó Carlos Castaño”, la cual se habría dado en la finca Las Cruces, en San José de la Montaña. En cuanto a la masacre de El Aro, dice Mancuso, “fue solicitada por Pedro Juan Moreno a Carlos Castaño, en presencia de Vicente Castaño, el general Manosalva [Alfonso Manosalva Flórez], la Policía y varios oficiales más”.
La incursión en el corregimiento de El Aro –según Mancuso- se habría realizado con “hombres de Carlos Castaño, de Doble Cero, de Mancuso y de Cuco Vanoy, fueron auxiliados por el Ejército, en especial por el coronel que comandaba el batallón Girardot (…) la Policía, el Das, la Gobernación de Antioquia (…) recuerda que participaron varios helicópteros, el que él conducía, el del Ejército y el de la Gobernación, e incluso uno de la guerrilla en el que sacaron a uno de sus líderes al señor Iván Márquez (sic)”. Para poder cumplir con esta masacre y la de La Granja, en 1996, los paramilitares sobornaron a la Policía, en ese momento al mando del agente Carlos Emilio Gañán Sánchez, comandante en Ituango.
Sobre la omisión y participación del Ejército en la masacre de El Aro el exalcalde de Yarumal –1998-2000–, Gustavo Giraldo Giraldo, declaró que el “coronel Germán Morantes Hernández (…) tenía estrechos vínculos con los grupos paramilitares”, y fue el primero que llegó al corregimiento de El Aro, sólo que 15 días después de perpetrada la masacre cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por los paramilitares”.
Un paramilitar que participó en la masacre de El Aro, en 1997, Francisco Villalba, alias “Cristian Barreto”, muerto en extrañas circunstancias tras haber declaró en contra de Álvaro Uribe Vélez dentro de los procesos que se encuentran congelados en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Un testigo que se ha perdido en los expedientes y que servirá para aclarar lo sucedido en la hacienda La Carolina, de los Uribe Vélez, con Los Doce Apóstoles, y en la masacre de El Aro, es Everardo Bolaños Galindo, alias “Jhon Jhon”, teniente del Ejército que terminó como jefe paramilitar.
Un testigo protegido declaró sobre lo que sucedía en la hacienda de los Uribe Vélez, en jurisdicción de Yarumal, sobre la vía que conduce de los Llanos de Cuivá a Ituango: “La finca La Carolina es de Uribe Vélez, allí permanecen los primos, que son ‘paracos’, todos ellos son muy amigos, a más que tienen que ir a la hacienda La Guacharaca (también de los Uribe Vélez) a pagarle a los paramilitares”. En el primer predio operó el grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles. En el segundo, en San Roque, Antioquia, fue dado de baja Alberto Uribe Sierra durante un ajuste de cuentas con la mafia.
Sobre los Uribe Vélez y la hacienda La Carolina el teniente Everardo Bolaños Galindo, alias “Jhon Jhon”, le ha dicho a la justicia:
“La Carolina, era una finca de un hermano de Álvaro Uribe de nombre Santiago Uribe, posteriormente, en La Carolina siempre permanecía Ejército porque era la entrada hacia Ituango y ahí estaba un grupo de autodefensas, y más adelante hacía Medellín, hacía Santa Rosa estaba otro grupo de autodefensas lideradas por alias El Viejo, todo este grupo de autodefensas estaba en medio de la jurisdicción del Batallón (…) En la finca La Carolina, posteriormente se implementó un centro de instrucción y reentrenamiento CIR, en La Carolina hay sí había presencia permanente del Ejército y pues ahí mismo estaba “El Mono”, con el grupo de autodefensas, en la misma jurisdicción de la Finca La Carolina”.
Muchos secretos de todos estos hechos criminales se los llevaron a la tumba Pedro Juan Moreno Villa y el general Manosalva Flórez.
Moreno Villa murió en el accidente nunca esclarecido de un helicóptero en el que volaba en el desarrollo de la campaña política que puso en marcha para tratar de llegar al Senado de la República, en donde –según decía a sus amigos– iba a revelar todo lo que sabía sobre los nexos de Uribe Vélez, para entonces presidente de la república, con estos estos y otros crímenes
Así están las cosas, Las transacciones vinculadas al proceso de preventa del criptoactivo venezolano, El Petro generó en su primera semana negocios por más de tres mil millones de dólares, resaltó el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro.
